Ecologistas en Acción viene prestando una gran labor al
dedicar su tiempo en realizar iniciativas en la conservación del litoral y sus
ecosistemas. Por ello en 1999 se comenzó la elaboración anual del informe
Banderas Negras, que de forma periódica analiza la situación de los diferentes
tramos del litoral detectando las actuaciones humanas que están provocando su deterioro
o destrucción.
Por decimoquinta vez consecutiva presenta esta campaña, que
viene a denunciar públicamente a aquellas playas o tramos de litoral que sufren
vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que
ocasione una pérdida ambiental del litoral y que en esta edición concede un
total de 80 Banderas Negras y 96 Puntos Negros.
Este distintivo, Ecologistas en Acción quiere hacer ver la
otra realidad del litoral andaluz y criticar el modelo de desarrollismo y la pérdida
de biodiversidad de nuestras costas.
Tras este examen podemos decir que en mucho de los casos no
se han subsanado los problemas que presentaba la costa andaluza en ediciones
anteriores.
El litoral sufre agresiones desde distintos flancos. Por un
lado tenemos el urbanismo, entendido desde los gobernantes como una moneda de
cambio, que se ha ido comiendo poco a poco nuestros recursos naturales y
paisajes costeros. La desplanificación urbanística nos muestra zonas como la
provincia de Málaga como claro ejemplo de irracionalidad y que cada vez más se
reitera en otras provincias andaluzas.
Ejemplo de ello es la reciente aprobación de la nueva Ley de
Costas que consagra definitivamente la privatización real de zonas de dominio público,
en beneficio de ocupaciones eternas por construcciones residenciales y
chiringuitos, con mayor invasión y privatización del espacio público, cada vez
más ocupado también por sombrillas y hamacas de instalaciones hosteleras que
delimitan y privatizan de hecho espacios públicos. La ampliación de la concesión
en otros 75 años más y la posibilidad de compra-venta de los inmuebles dejarán
los bienes públicos de la costa a merced de la especulación y de intereses
privados.
Puertos deportivos y amarres invaden las desembocaduras de
buena parte de ríos y caños, destacando los casos de Punta Umbría y la
desembocadura del Ríos Piedras, donde la orilla y la lámina de agua se va
privatizando a gran velocidad. Como hemos señalado en años anteriores, es
triste que sea la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) la que impulsa
y propicia esta privatización práctica de la lámina de agua y de suelos marinos
ubicados muchas veces en Espacios supuestamente protegidos por la propia Junta
de Andalucía.
La reforma de la Ley de Costas de 1988 aprobada por el Congreso
de los Diputados rompe definitivamente el valor de la costa como bien público,
crea indefensión jurídica y su arbitrariedad puede producir un caos que
despilfarrará los 180 millones de euros invertidos en deslindar la costa. Se
facilita la ocupación de la costa en torno a los paseos marítimos,
posibilitando otro proceso de burbuja inmobiliaria en la costa, desafectando
los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos. Se favorece el
uso privativo y exclusivo en torno a la explotación turística, permitiendo
fiestas privadas, colocación de publicidad, instalaciones de chiringuitos por 4
años. Y para mayor agresión, todo este cúmulo de despropósitos se reviste de “Ley
de Protección y Uso Sostenible del Litoral”, con graves repercusiones en
nuestro litoral.
Asimismo, la instalación de chiringuitos en las playas es
una máxima que su cumple en toda la costa andaluza y vemos como cada día
invaden el espacio de dominio público con hamacas y sombrillas quitando el
espacio a los ciudadanos.
Además de la presión urbanística, nuestro litoral también
tiene la asignatura pendiente de los vertidos, nos encontramos que Andalucía aún
incumple la normativa y en son algunas localidades las todavía vierten sus
aguas sin depurar al mar, como Nerja, Tarifa u otras localidades.
Haciendo un recorrido por el litoral andaluz, en la costa de
Huelva cabe destacar la presencia de instalaciones que invaden y privatizan el
espacio público, siendo esto un fiel reflejo de la cesión de competencias a la
Junta de Andalucía para la gestión del dominio público. Otro problema es la
depuración de las aguas, que a pesar de ocultar la información se sabe el nulo
funcionamiento de depuradoras como la de Matalascañas.
Cádiz al igual que en las citadas provincias
andaluzas tiene zonas que son un ejemplo claro del modelo insostenible de
crecimiento urbanístico especulativo, con ocupación y destrucción de zonas de
alto interés ecológico y paisajístico en primera línea del litoral por
urbanizaciones de segunda residencia o proyectos urbanísticos como el de
Valdevaqueros que es otro golpe brutal contra la sostenibilidad de nuestro
litoral.
Otro gran problema de la bahía gaditana es el “Bunkering”,
gasolineras flotantes fondeadas en la Bahía. El trasiego de hidrocarburos se
hace de un barco a otro para evitar el pago de impuestos, se estima que se
traspasan 5 millones de toneladas de combustible al año.
Málaga es quizás donde nos encontramos el paisaje más
desolador, como ya se denunciaba en anteriores ediciones, el entorno se halla
prácticamente urbanizado en la totalidad; ocupando las urbanizaciones, chalets
y restaurantes casi toda la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público
Marítimo y Terrestre, que cuenta con 100 metros de anchura, a partir de la línea
de costa; constatándose que en muchos puntos la propiedad privada invade
totalmente esta zona pública, llegando a tener que construir espigones para
defensa contra la acción del mar, donde legalizan construcciones ilegales en
los nuevos PGOUs en connivencia de los grandes partidos políticos.
La provincia de Granada, sigue un tanto de lo mismo,
el abandono que sufre el litoral granadino en cuanto a limpieza, conservación,
respeto al medio ambiente y urbanismo desastroso.
Otro dato a destacar es la falta de observancia de la
legislación ambiental por parte de las autoridades responsables en zonas de
especial protección.
La provincia de Almería, sigue estando afectada por
obras de impacto como la urbanización en zonas Lugar de Interés comunitario (LIC),
el destrozo de playas vírgenes, sigue en pie la aberración urbanística del
Hotel Algarrobico en pleno Parque Natural, o los proyectos de ampliaciones de
puerto que van a afectar reservas marinas de alto valor ecológico, y que un año
más, siguen siendo la constante en este tramo del litoral andaluz.
De manera positiva cabe destacar, que en esta parte de la
costa andaluza la crisis económica ha dado unos años de respiro. Pero no ha
posibilitado que haya motivo para que el número de banderas negras disminuya.
Desde Ecologistas en Acción denuncian una vez más que las
Administraciones Públicas y los gobernantes políticos, lejos de cumplir con la
Constitución en diversas materias y con su deber para con el pueblo, se pasean
de la mano de especuladores, corruptos e intereses privados y financieros, que
buscan únicamente su beneficio personal. Y todo, a costa de la conservación del
medio ambiente y del incumplimiento sistemático de las Leyes, que son
modificadas al antojo de cada cual y en función del interés económico, obviando
intencionadamente el social.
(Web de ecologistas en accion)